3.1 Los egresos de la Hacienda provincial yucateca: guerra, administración y pensiones

El gasto estructural (el monto y la composición) de la Real Hacienda en la provincia de Yucatán durante el periodo tardocolonial se estableció entre 1778 y 1785Footnote ²⁰. Los rubros fundamentales fueron tres: sueldos militares, pensiones pagadas a los encomenderos de la región y sueldos de la administración político-militar y hacendaria.

Con relación a los sueldos militares hay que distinguir entre el ejército y la milicia. Existían tres cuerpos de la fuerza armada regular en Yucatán: la compañía de dragones de Mérida, el batallón fijo de Castilla y la compañía veterana de artillería, estos dos últimos ubicados en el puerto de Campeche. La estructura y la distribución de las milicias partían de una lógica étnica: armar a los vecinos españoles, mestizos y pardos (mulatos) libres de la región, dejando al margen a la población indígena, que era mayoritaria. Dicha fuerza miliciana adquirió su fisonomía tardocolonial con el Reglamento para las milicias de 1778Footnote ²¹.

Mientras que la totalidad del ejército contaba con un salario, no sucedía lo mismo con los milicianos. Algunas unidades de los batallones de milicias blancas estaban inactivas durante seis meses al año. Al estar en reserva, solo cobraban los grados que iban de cabo segundo a capitán, dejando sin estipendio a los soldados. En otros casos, como sucedía con las compañías sueltas de tiradores pardos libres, no recibían salario los cabos (primero y segundo) ni los soldados, es decir, el contingente más numeroso. Únicamente, se pagaba a toda la tropa cuando se estaba en estado de guerra y se precisaba una movilización generalFootnote ²².

A través de diversas fuentesFootnote ²³, hemos reconstruido la composición del ejército y las milicias, así como el coste que representaba para las cajas de Campeche y Mérida según las ordenanzas Footnote ²⁴. Gracias a ello, sabemos que el ejército regular en la península sumaba 645 efectivos, mientras que la fuerza miliciana ascendía a 2.846 hombres. El sueldo de los 3.491 individuos representaba un coste anual para las cajas reales de la provincia de 226.826 pesos, del que un 67,2% se destinaba al pago del ejército y el restante 32,8% al de las milicias. Una distribución que encuentra su lógica, como ya indicamos, en el hecho de que la mayoría de los soldados milicianos no cobraba un sueldo. A estos gastos en tropa reglada y milicias se añadió el sueldo de militares de alto rango asentados en la provincia de Yucatán que pertenecían a unidades cuya sede se ubicaba en otros territorios, por ejemplo, la capitanía general de Guatemala o la de Cuba. Su remuneración se cargaba a la caja de Mérida y aparecía en la contabilidad en el ramo «tropa reglada suelta», es decir, fuera de sus unidades. Durante la década de 1800 implicó, en promedio, un gasto anual de 4.563 pesos. La suma de estos tres conceptos permite cuantificar el coste estructural Footnote ²⁵ estipulado para los sueldos del «ramo de guerra» en la provincia de Yucatán durante el periodo tardocolonial.

Las pensiones destinadas a los encomenderos, que constituían la élite política y económica de la región, eran el segundo componente cuantitativo del gasto estructural de las cajas provinciales. Hasta la Real Cédula del 16 de diciembre de 1785, los indios de los pueblos y barrios de Mérida y Campeche encomendados a los descendientes de los antiguos conquistadores y primeros pobladores de la provincia pagaban directamente el monto del tributo a sus encomenderosFootnote ²⁶. Dicha norma incorporó las encomiendas yucatecas a la Corona, lo que transformó a los encomenderos en «pensionistas» de las cajas reales.

Si bien el monto de los tributos de encomienda dependía de la población que habitase los pueblos y barrios adscritos a cada encomendero/pensionista (por lo tanto oscilaba según la demografía, así como por la capacidad de las autoridades para registrar esta evolución), se establecieron matrículas de tributarios para varios años, por lo general cinco. En la última matrícula previa a la guerra de Independencia, realizada entre noviembre de 1808 y febrero de 1810, los 14 partidos que componían la provincia de Yucatán consignaron 44.788 pesos anuales para el pago de tributos de encomienda, de los que un 83% se erogaba en la caja de Mérida y un 17% en la de CampecheFootnote ²⁷. En 1810, este monto se distribuía entre 56 encomenderos (individuos y corporaciones)Footnote ²⁸.

Los sueldos de la administración político-militar y hacendaria constituyeron el tercer rubro en importancia del gasto estructural de la Hacienda yucateca. Incluían los sueldos que percibían el gobernador, capitán general e intendente de la provincia, su asesor y auditor de guerra, los ministros (tesoreros y contadores) y oficiales de las cajas reales, y los empleados del resguardo terrestre (Mérida) y marítimo (Campeche)Footnote ²⁹ de las aduanas.

Hacia 1810, el gasto anual de la administración político-militar y hacendaria provincial ascendía a 26.474 pesosFootnote ³⁰, siempre que todas las plazas estuviesen ocupadas y el cargo no fuese desempeñado por pensionistas (lo cual aminoraba el gasto en dicho rubro). Por otra parte, el distinto peso territorial en los gastos de la administración (59% en la caja de Mérida y 41% en la de Campeche) evidencia el papel de la ciudad de Mérida como capital política de la provincia. El único rubro en sueldos de la administración en el que la caja campechana superaba a la emeritense era en el resguardo de la aduana, pues el costo de una vigilancia marítima contra el contrabando era superior al de la terrestre.

En síntesis, el gasto estructural de las cajas de Mérida y Campeche en la primera década del siglo XIX ascendía a un monto cercano a los 302.000 pesos anuales (231.383 pesos en sueldos de tropa reglada, suelta y milicias, 44.788 pesos en pensiones de encomenderos y 26.474 pesos en los sueldos de la administración político-militar y hacendaria). A este egreso y, según las circunstancias, se añadían gastos extraordinarios de guerra (armamento, fortificaciones, vestimenta de militares, gastos de hospital y botica), de inválidos de guerra, que engrosaban la lista de pensionistas, de los condenados a los presididos y, llegado el momento, de los réditos de diversos préstamos colectados por la Real Hacienda en las cajas yucatecasFootnote ³¹.

Ciñendo nuestra exposición al gasto hacendario provincial estructural entre 1801 y 1820, se observan cuatro etapas claramente diferenciadas (Cuadro 1):

CUADRO 1 EVOLUCIÓN DEL GASTO ESTRUCTURAL DE LA HACIENDA PROVINCIAL DE YUCATÁN, 1801-1820 (PROMEDIOS ANUALES EN PESOS)

*C.: Crecimiento. Fuente. Apéndice 1.B.

El primer quinquenio considerado (1801-1805) presenta un egreso próximo a lo previsto en las ordenanzas militares y a lo estipulado para los pensionistas/encomenderosFootnote ³² y la administración político-militar y hacendaria: 312.156 pesos anuales frente a los 302.000 pesos calculados previamente como gasto estructural provincial. El segundo quinquenio (1806-1810), por el contrario, muestra una desviación notable al alza. No solo creció el gasto en una cuarta parte (26%) sino que su composición interna evolucionó de forma desigual. Así, el pago en sueldos militares se disparó, especialmente el destinado a las milicias de blancos y pardos (se elevó un 59%), y en menor medida por el pago a la tropa reglada y suelta (27% y 29%, respectivamente). Este comportamiento obedece a la movilización general de la milicia en la península de Yucatán en previsión de ataques de la armada británica después del desastre de Trafalgar y, a partir de 1808, de una posible invasión napoleónica. Una movilización que incrementó los gastos extraordinarios de guerraFootnote ³³.

De forma inversa, el pago de pensiones a los encomenderos experimentó una leve reducción (−14%) motivada por cuatro fenómenos: la caída en la renta que generaban las repúblicas de indios a partir del tributo (el pago de los encomenderos era un derivado de dicho ingreso), la progresiva reducción del número de encomenderosFootnote ³⁴, los auxilios extraordinarios que solicitó la Corona a los pensionistas con motivo de la guerra en Europa y, finalmente, la abolición del tributo de indios por parte de las Cortes de Cádiz en mayo de 1810. Una decisión que el virrey Venegas extendió a las castas ante el estallido de la insurgencia novohispana en septiembre de ese mismo año. Esta modificación transcendental (por los efectos que provocaría) se aplicó en las cajas yucatecas en noviembre de 1810Footnote ³⁵. El descenso moderado en el pago de la administración político-militar y hacendaria (−11%) tuvo su origen en las vacantes de algunas plazas de la administración hacendaria, así como en descuentos aplicados por concepto de auxilios a la Corona.

Se produjo un cambio de tendencia en el siguiente quinquenio (1811-1815), momento en el que la Hacienda provincial vivió las derivaciones fiscales de eventos políticos y militares nacidos fuera de la región, a saber: el constitucionalismo gaditano y la insurgencia novohispana. Fue entonces cuando el gasto estructural cayó un 38% respecto al nivel alcanzado en el lustro anterior y, más relevante todavía, fue inferior al gasto mínimo estructural (respecto a los 302.000 pesos anuales quedó un 19% por debajo). En este caso, el descenso fue generalizado en todos los componentes del gasto, aunque con una distribución también muy desigual.

El primer punto que llama la atención es la reducción en el gasto militar. En la medida en que la insurgencia no tuvo arraigo en la provincia de Yucatán, las autoridades regionales redujeron el gasto en ejército y milicias cuando en el resto del virreinato no hacía más que crecer como resultado de la guerra civil que se libraba desde septiembre de 1810Footnote ³⁶. Un descenso en el egreso motivado, como veremos, por la caída en los ingresos.

Para aminorar los sueldos militares se emplearon dos mecanismos. Por una parte, la reducción en los haberes: si en 1811 se habían ajustado «por la escasez de caudales» que padecían las cajas realesFootnote ³⁷, la ausencia de recursos llegó a tal punto que derivó en una reducción generalizada. A partir de agosto de 1812, y previo acuerdo de la Junta provincial de Real Hacienda, se redujo un 50% el sueldo de toda la oficialidad de la provincia, dejando intacto el haber de los grados de tropa y suboficiales, desde tambores y soldados hasta cabos y sargentos. Unos pagos parciales que se realizarían «hasta que la Real Hacienda tenga con qué verificarlos» en su totalidadFootnote ³⁸. El otro mecanismo fue la disminución de los efectivos movilizados con cargo a las tesorerías de la región. En este sentido, una parte del batallón de Castilla y de las milicias blancas y pardas adscritas a la caja de Campeche fue trasladada a la intendencia de Veracruz para apoyar las operaciones del ejército realistaFootnote ³⁹, de forma que su sueldo se transfirió a la tesorería veracruzana.

Igual situación vivieron los ministros y oficiales de las cajas reales de Mérida y Campeche, al experimentar una reducción en sus salarios del orden del 50%Footnote ⁴⁰. Algunos grupos implicados en las tareas de vigilancia de las aduanas, como los marineros del resguardo de Campeche, tuvieron una reducción inferior (33%) en función de la peligrosidad de su actividad.

Si, finalmente, la caída registrada tanto en los sueldos del ramo militar como en los de administración no fue tan aguda como cabía esperar (11%) fue debido a que, cuando en 1815 mejoraron los ingresos, se procedió a resarcir parte de los atrasos acumulados en el periodo 1811-1814Footnote ⁴¹.

Sin lugar a dudas, el grupo más castigado por la caída en los ingresos de las cajas yucatecas fue el de los pensionistas/encomenderos (se les redujo un 78%), ya que la fuente de sus ingresos, el tributo de indios, se abolió en la provincia a partir de noviembre de 1810, por lo que dejaron de percibir su usufructo. Si bien en 1811 todavía cobraron algunos atrasos de años anteriores (especialmente en la caja de Mérida), los años críticos fueron los del trienio 1812-1814 en que no percibieron nada. Solo con la restauración del tributo en noviembre de 1814 lograron recuperar esta fuente de ingresos, que se hizo efectiva a partir de 1815Footnote ⁴².

En el último quinquenio (1816-1820), inserto políticamente en el contexto de la restauración absolutista de Fernando VII, se produjo una clara recuperación de los egresos (un 38%). En la medida en que, como veremos más tarde, las autoridades de la provincia consiguieron incrementar los ingresos regionales de la Real Hacienda, las tesorerías de Campeche y Mérida volvieron al nivel de gasto de principios del siglo XIX que, recordemos, era el que se correspondía con el egreso estructural previsto por la Corona en la provincia (unos 302.000 pesos anuales), e incluso a un nivel levemente superior.

Dos grupos salieron claramente favorecidos durante el sexenio absolutista. Por una parte, el ejército regular y las milicias de blancos y pardos libres (a quienes se incrementó un 35%, un 279% y un 13%, respectivamente)Footnote ⁴³; y, por la otra, los encomenderos (cuyos ingresos aumentaron un 336%). Los recursos obtenidos en concepto de tributos de encomiendas a partir de 1815 permitieron regresar al nivel de egresos existente en el quinquenio de 1806-1810.

¿Dónde está el origen de esta recuperación? Contestar esta pregunta es adentrarse en el problema de la evolución de los ingresos, así como en el significado de este proceso.

3.2 Los ingresos de la Hacienda provincial yucateca: tributo, comercio y situado

El volumen y la participación de los ingresos de los ramos de la masa común respecto a las obligaciones adscritas a ellos permite determinar la salud financiera de la Real Hacienda en el espacio provincial y virreinal. Al centrarnos en ellos, se aprecia que el ingreso fiscal regional se basaba en una combinación de impuestos sobre el comercio interno (alcabalas de tierra e impuestos sobre tiendas) y externo (alcabalas de mar y almojarifazgos), la producción local de aguardiente de caña (denominado «del país» por contraposición al aguardiente importado de Cuba) y la capitación (el tributo de indios) — véase el Cuadro 2 —. La suma de estos tres rubros osciló durante las dos primeras décadas del siglo XIX entre el 77 y el 93%, como niveles inferior y superior, del total de los ingresos fiscales de la masa común. El resto lo componía una miscelánea de estancos y contribuciones directas sobre el sueldo de los empleados públicos (estancos del papel sellado, juego de gallos, pólvora, naipes y tabacoFootnote ⁴⁴ y la media annata secular), así como otros ramos menores (multas, composición de tierras, derecho de sal, derecho de tiendas, bienes mostrencos, etc.).

CUADRO 2 COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA MASA COMÚN DE LA HACIENDA PROVINCIAL YUCATECA (1801-1820) (PROMEDIO ANUAL EN PESOS)

Fuente: Apéndice 1.A.

Si bien este era el estado general de los ingresos provinciales, las diferencias entre las dos tesorerías yucatecas eran notables, como podemos apreciar en los siguientes datos (Gráficos 2 y 3):

GRÁFICO 2 COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL RAMO COMÚN DE LA CAJA DE MÉRIDA (1801-1820)

Fuente: Apéndice 1.A.

GRÁFICO 3 COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL RAMO COMÚN DE LA CAJA DE CAMPECHE (1801-1820)

Fuente: Apéndice 1.A.

Claramente, la caja de Mérida fincaba sus ingresos en el tributo de indios, al representar, en promedio, el 48% de los ingresos anuales durante el periodo 1801-1820, mientras que el segundo rubro en importancia, los ingresos sobre el comercio interno y externo, aportaba un promedio del 21%. Por tanto, era una tesorería que obtenía sus recursos a partir de la relación de vasallaje que existía entre la Corona y los indios de república de la península de Yucatán. Frente a esta situación, la tesorería de Campeche evidencia una caja encargada de fiscalizar el movimiento mercantil articulado a partir del puerto campechano, que aportaba, en promedio y durante el mismo periodo, el 72% de los ingresos, lo que deja a mucha distancia la capitación (13%) o los ingresos derivados de la producción local de aguardiente de caña (6%)Footnote ⁴⁵.

La evolución de los ingresos de la masa común de ambas tesorerías y su comparación con los gastos estructurales de la monarquía en la provincia permiten apreciar las contradicciones y tensiones a las que se vio sometida la Real Hacienda durante las dos primeras décadas del siglo XIX (Cuadro 3).

CUADRO 3 COMPARACIÓN ENTRE EL GASTO ESTRUCTURAL Y LOS INGRESOS DE LA MASA COMÚN DE LA HACIENDA PROVINCIAL DE YUCATÁN (1801-1820) (PROMEDIO ANUAL EN PESOS)

Fuente: Apéndices 1.A. y 1.B.

La primera constatación que surge de la comparación entre los gastos estructurales y los ingresos fiscales de la masa común durante el primer quinquenio (1801-1805) es la existencia de un déficit estructural elevado (73.596 pesos, es decir, del 23,5%). Una característica apuntada por el conjunto de la historiografía que ahora podemos cuantificar en su magnitud. La compensación del faltante se realizaba con las transferencias (situado) enviadas desde la caja de México, mayoritariamente vía Veracruz, que se efectuaban al menos desde la década de 1740Footnote ⁴⁶. Gracias a este mecanismo, de manera periódica aunque con lagunas, se remitieron situados a las cajas de Yucatán por valores que oscilaron entre los 100.000 y los 200.000 pesos anuales, según los recursos disponibles y las necesidadesFootnote ⁴⁷. Con ellos no solo se cubría el descubierto que generaba el gasto estructural de la Hacienda provincial, sino que surgía un pequeño excedente que, o bien quedaba como existencia para el siguiente ejercicio o bien completaba el pago de otros gastos como las pensiones de inválidos, huérfanos y viudas, los sueldos de algunos empleados (en especial, los del estanco del tabaco), además de financiar parte del gasto en armamento y fortificaciones.

Si bien el gasto estructural creció con motivo de la amenaza militar británica y, a partir de 1808, de Francia, los ingresos de la masa común no se elevaron en el mismo grado (un 26% y un 11%, respectivamente) durante el segundo quinquenio (1806-1810). El mayor esfuerzo recaudatorio se basó en la actualización de las matrículas de tributos (en la de 1805 se computaron 81.295 tributarios y en la de 1810 fueron 86.025 tributarios) y en los ingresos derivados de la fiscalización vía almojarifazgos y alcabalas de mar y de tierra del comercio neutral que se realizó por el puerto de Campeche y el denominado surgidero de Sisal (un pequeño puerto cercano a la ciudad de Mérida). Un control que se hizo más evidente a partir de 1806, al abrigo de la política desplegada por la monarquía para evitar el acoso o bloqueo de los puertos del Caribe por parte de la armada británica tras el desastre naval de TrafalgarFootnote ⁴⁸.

A pesar del incremento en la recaudación, el déficit anual promedio se elevó al 32,7% (128.938 pesos) por la movilización general de las milicias provinciales y del ejército regular como medida preventiva ante una posible invasión. Este desequilibrio solo pudo compensarse con el envío de situados mucho más cuantiosos (Gráfico 4).

GRÁFICO 4 SITUADOS RECIBIDOS POR LA CAJA DE CAMPECHE DESDE LA CAJA DE VERACRUZ (1801-1820)

Fuente: Apéndice 1.C.

Si en el quinquenio 1801-1805, los situados enviados desde la caja de Veracruz a la de Campeche fueron, en promedio, de 108.118 pesos anuales, en el siguiente periodo (1806-1810) la cifra creció un 238%, al alcanzar los 366.243 pesos anuales, con 1808 como cénit en el envío de recursos a las tesorerías yucatecas (703.716 pesos).

La abolición del tributo de indios por parte de las Cortes de Cádiz en mayo de 1810 y su aplicación en la provincia de Yucatán a partir de noviembreFootnote ⁴⁹ fue el principal responsable de que los ingresos fiscales de la masa común cayesen de forma notoria (un 17%) respecto al quinquenio 1801-1805. Este hecho fue paralelo a la pérdida de otra fuente de ingresos fundamental para las arcas provinciales: las remesas. A pesar de la distancia, la guerra civil desatada en el centro y norte del virreinato en setiembre de 1810 tuvo una clara consecuencia para la provincia de Yucatán: se suspendió el envío del situado a partir de 1811, año en que todavía se recibieron 85.856 pesos. Desde 1812 y hasta 1820 su participación en el conjunto de los ingresos provinciales pasó de ser escasa (un promedio de 18.226 pesos anuales en el quinquenio 1811-1815) a insignificante (678 pesos en el quinquenio 1816-1820).

Si el déficit no fue mayor de lo que en principio se podría pensar (26.219 pesos anuales en promedio, inferior pues al acaecido entre 1801 y 1810) se debió a la combinación de la ya aludida reducción en los gastos y a la elevación de la tributación sobre el comercio interno y externo. Así, a partir del 24 septiembre de 1810, la alcabala pasó del 6 al 8% (lo que significó una elevación del 33% en la tasa) y se introdujeron dos nuevos impuestos: el pago de tres pesos por cada arroba de cera que se importase (en especial de Cuba) y dos pesos por cada carga de cacao de Tabasco, Guayaquil, Caracas y Magdalena que entrase en los puertos de la provincia. Estos gravámenes se habían aprobado como parte de las garantías otorgadas por el virrey Francisco Xavier Venegas para la recolección del «Préstamo patriótico» de 20 millones de pesos que había solicitado la Junta Central a Nueva España. En la medida en que el Consulado de Mercaderes de México había fungido como intermediario de la operación, la Real Hacienda había previsto ceder los productos de estos impuestos a las arcas de la corporaciónFootnote ⁵⁰. Sin embargo, ante la penuria que vivía la Hacienda provincial yucateca, el gobernador y la intendencia optaron por emplear estos fondos regionalmente, sin remitirlos a la tesorería del consuladoFootnote ⁵¹. Finalmente, los datos fiscales sugieren que la agroindustria azucarera en la provincia estaba experimentando un proceso de expansión, especialmente en la producción de aguardiente de cañaFootnote ⁵². Si en el quinquenio 1806-1810 se habían recaudado 14.530 pesos anuales en promedio (lo que significaba una producción anual de 29.060 barriles de aguardiente — se trataba de una contribución directa que desde 1790 gravaba con dos pesos cada barril fabricado—) en el quinquenio 1811-1815 se obtuvo un 33% más, al registrarse fiscalmente una producción anual de 38.696 barriles (consultar Cuadro 2).

Al combinar estos factores, surge una evidencia: la crisis fiscal de la Hacienda provincial yucateca en el periodo 1811-1815 no provino de la elevación de los gastos militares, ni de una caída en la actividad económica regional provocada por la guerra de Independencia, como sí sucedió en gran parte del virreinato (así lo atestiguan los datos fiscales regionales sobre el comercio externo e interno y la agroindustria azucarera), sino de la desaparición del tributo de indios y del situado. Así, mientras la economía privada regional no se vio afectada por la insurgencia, la economía pública se desestructuró ante los impactos del reformismo gaditano y la ruptura de los mecanismos de transferencia de excedentes entre las cajas reales. La situación llegó a tal grado que la Real Hacienda provincial era insolventeFootnote ⁵³.

Si la Hacienda provincial no se declaró en bancarrota fue debido a que el erario empleó los fondos de los ramos particulares y remisibles, así como los ajenos (en «calidad de reintegro») para solventar un déficit que hasta entonces se había cubierto mayoritariamente con situados. Al carecer de esta herramienta a partir de 1811, el erario regional no solo suspendió el pago de las pensiones de los encomenderos y rebajó los sueldos del ejército y la administración, sino que incautó — a modo de préstamos forzosos — fondos ajenos como el ramo de depósitos de Real Hacienda y de justicias ordinarias, el ramo de bienes de difuntos o el del montepío de cirujanos. Sin embargo, la mayor apropiación se produjo en dos ramos ajenos que eran paralelos al cobro del tributo de indios, en cuanto que eran dos pagos anexos que realizaban los mismos causantes de la capitación indígena: los bienes o fondo de «comunidad de indios» y el medio real de ministros u holpatán (véase el Cuadro 4)Footnote ⁵⁴.

CUADRO 4 APROPIACIÓN DE LOS FONDOS DE COMUNIDADES DE INDIOS Y MEDIO REAL DE MINISTROS (HOLPATÁN) POR LA CORONA EN LA CAJA DE MÉRIDA, 1791-1820 (EN PESOS)

Fuente: Documentos (1868).

El empleo de estos recursos por la Real Hacienda no era una novedad. Desde la década de 1790, la Corona se había apropiado de grandes sumas en ambos ramos ajenos en el marco de las diversas contribuciones extraordinarias que las repúblicas de indios novohispanas entregaron a la monarquía para apoyar su política exteriorFootnote ⁵⁵. Así sucedió con los fondos ajenos yucatecos. Por el contrario, los montos obtenidos a partir de 1811 y hasta 1820 fueron apropiaciones enfocadas a cubrir parte del déficit de la Hacienda provincial yucateca, que pasó a engrosar la deuda pública.

Gracias a esta política de apropiación de los ramos particulares, remisibles y ajenos, la Hacienda provincial pudo cubrir el déficit, en especial durante los años de 1811 y 1813Footnote ⁵⁶. Sin embargo, en 1814 la situación se volvió crítica. Los ramos particulares, remisibles y ajenos estaban agotados, el crédito de la Hacienda pública provincial era inexistente y la presión de los militares, sometidos a descuentos, y de los encomenderos, que no cobraban desde 1811, se tornó insostenibleFootnote ⁵⁷. En ese contexto, las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador e intendente Manuel de Artazo, adoptaron dos decisiones que cambiarían radicalmente el panorama de la Hacienda provincial, con repercusiones notables para la historia política y fiscal de Yucatán hasta la década de 1850.

El 6 de abril de 1814, al abrigo de las discusiones sobre «el libre comercio» derivadas de la constitución de Cádiz y con el apoyo decidido de la recién creada Diputación provincial, del cabildo de Campeche y de los ministros de las cajas provinciales, el entonces jefe político de la provincia, Manuel Artazo, publicó el Reglamento de derechos bajo el cual debe hacerse el comercio libre en esta provincia de Yucatán, con las potencias amigas y neutrales Footnote ⁵⁸. Una norma que abría los puertos de la península de Yucatán (Campeche y Sisal) a las principales potencias mercantiles de la región: a los británicos, a través de su base comercial en Jamaica, y a los Estados Unidos, lo que configuraba un comercio directo con ambos actores sin la necesidad de navegar en barcos españoles ni la obligación de hacerlo desde o hacia puertos del imperio español.

El tratamiento historiográfico sobre esta medida ha oscilado entre la breve referencia a las oportunidades que representaba y la consideración de que produjo «beneficios… momentáneos» con poco impacto en la mejora de las finanzas públicas regionalesFootnote ⁵⁹. Sin embargo, gracias a la reconstrucción de los ingresos fiscales de la caja de Campeche en el periodo 1801-1820 podemos afirmar que la medida representó un éxito notable para las arcas regionales. Así, como se aprecia en el GrÁfico 3, el reglamento de libre comercio significó un salto notable en los ingresos mercantiles de la caja campechana. Si de ellos tomamos únicamente los referidos al comercio exterior (que debió tener un claro impacto en la actividad mercantil interna), se constata que entre 1801 y 1813 el promedio anual de ingresos fue de 53.891 pesos, mientras que en el periodo 1814-1820 la cifra se elevó a 130.488 pesos anuales. Un crecimiento del orden de 142% que se basó, en gran medida, en las importaciones de textiles extranjeros (principalmente, británicos), que fueron la materia fundamental al representar el 45% de las importaciones a partir de 1814Footnote ⁶⁰.

Sin embargo, los aproximadamente 76.500 pesos adicionales que aportaba anualmente la apertura del libre comercio no cubrían la totalidad del déficit. En ese contexto, y en el marco de la restauración absolutista de Fernando VII, el gobernador e intendente de la provincia, Manuel Artazo, restableció el tributo de indios. Una medida que fue publicada por bando del 17 de noviembre de 1814 y que se adoptó con carácter interino hasta la resolución final de la CoronaFootnote ⁶¹. La aprobación del monarca vendría en 1815, en el marco del proyecto de restauración del tributo de indios y castas en los territorios americanos de la monarquía, según Real Cédula del 1 de marzo de 1815Footnote ⁶². Un restablecimiento que permitió levantar una matricula de tributarios en 1816 con validez hasta 1820, que arrojó un total de 94.124 tributarios (superior, por tanto, a las matrículas de 1805 y 1810) que aportarían anualmente 140.739 pesos brutos, de los cuales el 69% irían a parar a la Corona y el restante 31% a los encomenderosFootnote ⁶³.

La medida constituyó un claro éxito para la Hacienda provincial, puesto que la recaudación anual del quinquenio 1816-1820 fue, en promedio, de 135.693 pesos, es decir, la más alta alcanzada desde principios del siglo XIX. No solo eso, la recaudación en concepto de tributos en la caja de Mérida, además de elevada, fue constante, lo cual dotó de certidumbre al erario público (véase el GrÁfico 2).

La combinación de ambas medidas (el reglamento de libre comercio y la restauración del tributo) junto a una mayor actividad de la agroindustria azucarera regional condujo a una situación inédita para la Hacienda provincial yucateca: por primera vez, y de forma consistente, los ingresos de la masa común eran superiores a los gastos estructurales del erario provincial: el superávit anual de 53.546 pesos durante el quinquenio 1816-1820 así lo indica (véase el Cuadro 3). Asimismo, la salud financiera transmitía un cambio relativo en la composición del ingreso: si en los quinquenios 1801-1805 y 1806-1810, los tributos aportaron el 46% y el 42%, respectivamente, de los ingresos totales de la masa común, frente al 26% y el 32% de los impuestos sobre el comercio interno y externo (alcabalas y almojarifazgos), en el quinquenio de 1816-1820 la situación se había invertido, ya que estos últimos pasaron a ocupar el primer lugar en la tributación (49%), claramente por encima de la capitación indígena (35%).

La otra cara de la moneda fue el elevado nivel de endeudamiento que arrastraba la Real Hacienda en la provincia. Si no tenemos en cuenta los 260.868 pesos entregados a la Corona como producto de la Consolidación de vales reales de 1804, y comparamos la deuda de 1809 (anterior, pues, al proceso político gaditano y a la insurgencia novohispana) con la existente en 1820, podemos apreciar el grado de apropiación que realizó la Corona sobre los ramos ajenos de la Real Hacienda: en 1809, la deuda de la caja de Mérida ascendía a 229.000 pesos, mientras que en 1820 ya sumaba 552.725 pesos, lo que significaba una elevación del adeudo de un 128%Footnote ⁶⁴; o, en otros términos, la deuda era un 33% superior al promedio anual de ingresos de la provincia durante el quinquenio 1816-1820. Ambas realidades manifiestan el hecho de que se pudo recuperar la estabilidad de la caja en términos de tributación/gastos estructurales, pero no se pudo restablecer el crédito público.

3.3 Epílogo: la coyuntura del bienio 1820-1821

La restauración de las Cortes y la jura de la Constitución de Cádiz por parte de Fernando VII en 1820 representaron una clara amenaza para la vida financiera de la Hacienda provincial yucateca. Si los decretos de las Cortes del periodo 1810-1814 volvían a tener vigencia, la persistencia del tributo de indios (denominado contribución real desde 1815) quedaba en entredicho. De igual forma, el otro pilar de la fiscalidad regional, el reglamento de libre comercio de 1814, se vio amenazado cuando las Cortes españolas emitieron el decreto del 9 de octubre de 1820 que, entre otros aspectos, prohibía el comercio de algodones extranjeros. Una medida que hacía peligrar los ingresos elevados que había obtenido la Real Hacienda en la provincia con dicho tráfico durante el periodo 1815-1820.

La respuesta de las autoridades regionales (el jefe político de la provincia, el intendente, los ministros de la Hacienda nacional) y de las restauradas corporaciones gaditanas (ayuntamientos constitucionales y Diputación provincial) consistió en obstaculizar la aplicación de ambas medidas, al plantear cuestiones formales como los incumplimientos en la tramitación del decreto de Cortes, o al aplicar el criterio de «necesidad» que hacía inviable en lo inmediato el acatamiento de ambas medidas legislativas ante la amenaza que suponían para la Hacienda púbica regional. Una desobediencia que solo se salvaba con la aplicación en paralelo por parte de las autoridades provinciales de las reales órdenes del 15 y el 25 de marzo de 1820 que mandaban que no se hiciese novedad en el sistema de rentas hasta que de manera expresa lo ordenasen las CortesFootnote ⁶⁵.

Si ambas medidas de las Cortes distanciaban a las autoridades y a la élite provincial yucateca del gobierno metropolitano de la Monarquía española, la voluntad de aplicar reformas que mejorasen las condiciones económicas de la provincia les llevó a entrar en conflicto con el jefe político de la provincia de México y virrey de Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca. En la segunda sesión de la recién restaurada Diputación provincial, celebrada el 31 de mayo de 1820, la corporación aprobó el desestanco del tabaco, tomando en este caso como sustento el acuerdo unánime que adoptaron las Cortes españolas el 13 de marzo de 1814, poco antes de la restauración absolutista de Fernando VII, que aprobaba la abolición del estanco del tabacoFootnote ⁶⁶. En este caso, era la autoridad virreinal la que esgrimía las órdenes reales de no innovar en el sistema de rentas para condenar la actitud de la Diputación provincia de YucatánFootnote ⁶⁷. El problema no consistía tanto en que la decisión adoptada en Yucatán minase una rica fuente de ingresos fiscales en la región, cosa que no sucedía, sino en el efecto de «contagio» que podía tener en otras regiones donde dicha renta era imprescindible para el pago del ejército. Un temor que se hizo realidad cuando diversas poblaciones de la intendencia de Veracruz desconocieron la continuidad del estanco del tabaco siguiendo el ejemplo yucatecoFootnote ⁶⁸. Estos hechos no solo ponían en peligro los ingresos de la Hacienda nacional en Nueva España, sino que socavaban la autoridad del virrey en las regiones.